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Gastos de la Comunidad tras un divorcio

por | Ago 12, 2021 | Administraciones Corcho

¿Le corresponde el pago de la Comunidad tras el divorcio a quien se queda habitando la vivienda o la obligación de pago es solo del propietario?

El TRIBUNAL SUPREMO se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre los  gastos de la Comunidad tras el divorcio o la separación de la pareja cuando a uno de ellos se le atribuye el uso de la vivienda.

En un principio, respecto de las cuotas de la Comunidad de propietarios, se debe de distinguir entre recibos ordinarios (Cuota Comunidad, agua, etc) o recibos extraordinarios (derramas), y generalmente la confrontación entre las partes viene relacionada respecto del pago de los primeros, es decir los recibos mensuales ordinarios que gira la Comunidad de Propietarios.

En este sentido el TRIBUNAL SUPREMO con base a lo establecido en el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal, se ha posicionado a favor de que los citados gastos sean abonados por ambos cónyuges cuando la vivienda sea ganancial y pertenezca a ambos con independencia de que el uso le haya sido atribuido a uno solo de ellos.

Por tanto, con independencia de a quién se le atribuía el uso de la vivienda, el pago de la Comunidad tras el divorcio le corresponde a ambos copropietarios, al ser un gasto inherente al inmueble.

Sin embargo, entre las AUDIENCIAS PROVINCIALES  el carácter mayoritario se había venido resolviendo que los gastos de Comunidad tras el divorcio debía ser satisfecho por el cónyuge que este  haciendo uso de la vivienda, por entender excesivo que el cónyuge al que no se le atribuye el uso tenga que abonar los referidos gastos.

Con fecha de 25 de Septiembre de 2014, el TRIBUNAL SUPREMO dictó una sentencia con interés casaciones seguida por otras posteriores (27.06.2018), con el fin de establecer un criterio claro y uniforme respecto a si los gastos ordinarios de la Comunidad de propietarios pueden atribuirse al cónyuge que queda en el uso de la vivienda común, o si el pago de los mismos corresponde a ambos cónyuges, cuando los dos son copropietarios.

Dicha sentencia se dicta con motivo de un procedimiento en el que el Juzgado de Familia acordó que el pago de los gastos de Comunidad ordinarios deberían ser abonados en exclusiva por la exmujer, puesto que aquella era a la que se le atribuía el uso de la vivienda, correspondiendo el resto de gastos de la misma como los gastos extraordinarios de la Comunidad, IBI, seguros y similares a los dos cónyuges al 50%.

La exmujer, no estando de acuerdo con esta decisión interpone finalmente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que definitivamente resuelve el asunto.


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Como veremos más adelante el Tribunal Supremo destaca tres idean IMPORTANTES:

 El Juez si en este punto no se han puesto de acuerdo los cónyuges que se van a divorciar, puede decidir que sea el cónyuge a quien se le atribuye el uso de la vivienda quién abone en su totalidad el importe de los gastos comunes.

 Si no se ha previsto nada en las medidas provisionales ni en la sentencia y la vivienda es familiar, dicho gasto será a medias.

3ª.- Cuestión distinta a esas relaciones internas entre los ex cónyuges, la Comunidad de propietarios podrá dirigirse contra cualquiera de los corpopietarios para reclamar el importe de los gastos comunes, habiten la vivienda o no.

El pago de la Comunidad tras el divorcio. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), sentencia 27.06.2018

El Juez dictamino en dicha sentencia que salvo previsión expresa en contrario, los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma, con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial. Es decir: si la vivienda fue adquirida constante matrimonio, la cuota ordinaria de la comunidad debe ser abonada a cargo de la sociedad de gananciales.

El caso en cuestión deriva de un procedimiento sobre liquidación de sociedad de gananciales, en donde la esposa usuaria de la vivienda interesó que se incluyera como pasivo de la sociedad de gananciales su crédito a su favor (el 50% de las cuotas de comunidad) por haber pagado íntegramente las cuotas de comunidad de propietarios de la vivienda familiar. Previamente la sentencia de divorcio había atribuido el uso de la vivienda familiar a la esposa y a los hijos menores de edad, pero no especificó la proporción en que los cónyuges propietarios del inmueble deberían satisfacer los gastos inherentes al mismo.

En primera instancia se desestimó la pretensión de la esposa, razonando en el sentido de que «el contador explica su postura aplicando la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid que considera que los gastos de comunidad, no así las derramas, impuestos y cargas, son a cargo del que tiene atribuido el uso y disfrute del inmueble por cuanto es el final beneficiario de los servicios que se sufragan con cargo a los mismos. Este criterio debe ser mantenido ya que se encuentra amparado por las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y se encuentra suficientemente razonado».

En primera instancia se desestimó la pretensión de la esposa, razonando en el sentido de que «el contador explica su postura aplicando la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid que considera que los gastos de comunidad, no así las derramas, impuestos y cargas, son a cargo del que tiene atribuido el uso y disfrute del inmueble por cuanto es el final beneficiario de los servicios que se sufragan con cargo a los mismos. Este criterio debe ser mantenido ya que se encuentra amparado por las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y se encuentra suficientemente razonado».

La esposa recurrió en apelación pero se desestimó el recurso con las siguientes alegaciones: «es jurisprudencia pacífica y unánime en las audiencias provinciales que los gastos de la Comunidad de Propietarios aunque sean responsabilidad de ambos cónyuges, por ser la casa ganancial, al estar atribuido su uso a los menores y a la madre en sentencia, las cuotas ordinarias cubren servicios que únicamente benefician a los menores y a la madre, porque se corresponden con la utilización y servicio del piso, como gastos inherentes a la ocupación del mismo, deben de abonarlo quien habita el inmueble y los utiliza, beneficiándose de los mismos, estando la esposa obligada a soportarlos al ostentar el uso y disfrute de la vivienda familiar. Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22.ª, entre otras de fecha 23-4-2013, 18-12-2012, 12-11-2012 ».

Contra dicha sentencia la esposa interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y éste le da la razón:

“El motivo ha de ser estimado por las siguientes razones. Hemos de partir de la distinción entre gastos que se derivan del uso del inmueble y gastos correspondientes a la propiedad del inmueble. Respecto de los primeros (como son los referidos a servicios de luz, agua, gas, teléfono…), lógicamente han de ser asumidos por el cónyuge usuario, si bien una parte proporcional habría de ser computada como gasto de los hijos a los efectos de la fijación de la pensión de alimentos. En relación con los gastos derivados de la propiedad, como son los de comunidad y el impuesto sobre bienes inmuebles, que tienen carácter “propter rem”, corresponden al propietario. A falta de acuerdo o determinación en las medidas definitivas ha de considerarse que la deuda va unida a la propiedad del inmueble. La cuestión aparece clara en relación con los impuestos que gravan el inmueble, como es el IBI, (STS de 563/2006, de 1 de junio).

En cuanto a los gastos de comunidad, esta sala ha considerado en sentencia 373/2005, de 25 de mayo, que «la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos». Dicha doctrina ha sido seguida, entre otras, por la sentencia de esta sala 588/2008, de 18 junio, y de la misma cabe extraer que, salvo previsión expresa en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas -lo que no ocurre en este caso- los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial.”