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… para entrar a vivir…

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Solo el 12% de la vivienda usada en venta necesita una reforma

fuente: pisos.com

La mayor parte de la vivienda de segunda mano anunciada en pisos.com está lista para entrar a vivir. Según el portal inmobiliario, el 59,8% de la oferta se encuentra en buenas condiciones, mientras que el 12,5% se ha reformado recientemente y un 15,4% está a estrenar. Así, el 87,7% de las viviendas del portal resulta adecuado para entrar a vivir sin asumir grandes obras. El 12,3% restante necesitaría una reforma antes de recibir a sus nuevos propietarios.

Hace un año, el 75,8% de las viviendas del portal se encontraba en buen estado de conservación, el 8,3% acababa de ser reformado y el 7,9% estaba a estrenar. Solo el 8,1% restante requería una actualización completa. En resumen, el 91,9% de los inmuebles podía ser habitado de forma inmediata.

Miedo a las reformas

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, asegura que “a muchos futuros propietarios les asustan las reformas integrales, debido a las molestias y el tiempo que conllevan”. El responsable del portal inmobiliario indica que “pequeñas actualizaciones como pintar o cambiar el suelo no son comparables a un cambio en la distribución o a crear una cocina o un baño desde cero. Los compradores suelen inclinarse hacia viviendas listas para entrar a vivir, aunque sean más caras, por miedo a que las reformas no cumplan sus expectativas o se alarguen demasiado”.

Sin embargo, el experto señala que con los inversores es diferente, porque “su intención no vivir en ese inmueble, sino hacer negocio”. Font admite que “este perfil realiza un análisis de la futura rentabilidad del activo. De este modo, se asegura de que el dinero invertido en su puesta a punto se recuperará con creces, bien a corto plazo vendiéndolo una vez reformado, bien a medio-largo plazo a través del alquiler”.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las regiones que registran la mayor proporción de viviendas en buen estado son Cantabria (68%), Extremadura (65,2%) y Murcia (64,2%). Hace un año, el ranking estuvo liderado por Extremadura (81,8%). De hecho, solo La Rioja (67,4%) y País Vasco (69,8%) obtuvieron porcentajes por debajo del 70%. El escenario actual es diferente, dado que ninguna comunidad alcanza esta proporción, lo que significa que el parque de vivienda disponible tiene peor calidad.

Respecto a los pisos a estrenar, las comunidades líderes son Murcia (18,9%), La Rioja (17,2%) y Galicia (17%). El año pasado, La Rioja (14,7%) fue la que acumuló el mayor volumen. Las regiones con más vivienda recién reformada son Canarias (15,6%), Baleares (14,6%) y Comunidad Valenciana (14,5%), un listado que hace un año encabezó País Vasco (11,9%). Las autonomías más necesitadas de reformas son Castilla y León (15,1%), Aragón (15%) y Baleares (14,5%). País Vasco (13,1%) también lideró este ranking hace un año.

PROVINCIAS

A nivel provincial, la vivienda en buen estado es más numerosa en Granada (68,5%), Soria (68,5%) y Cádiz (68,3%). Hace un año, Segovia (86,7%) destacó por encima del resto, pero hubo trece provincias más por encima del 80%. Las que más residencias a estrenar ofrecen son Palencia (27%), Lugo (23,5%) y Málaga (21,9%). La provincia que destacó hace un año fue Soria (43,9%).

Las provincias con más viviendas reformadas son Córdoba (17,4%), Valencia (16,1%) y Las Palmas (15,9%). La primera clasificada doce meses atrás fue Zamora (16,5%). León (19,1%), Palencia (18,9%) y A Coruña (16,8%) acumulan más casas pendientes de rehabilitación. Cuenca (16,7%) obtuvo el primer puesto hace un año.

CAPITALES

En cuanto a las capitales, las que tienen más casas en buen estado son Lleida (73%), Badajoz (72,2%) y Huesca (72,2%). Hace un año, encabezó el listado Segovia (87,6%). Las viviendas a estrenar son más fáciles de encontrar en Palencia (27%), Pamplona (24,6%) y Pontevedra (21,7%). Soria (55,2%) fue líder hace un año.

Las capitales con más inmuebles reformados a la venta son Córdoba (25,8%), Cádiz (25%) y Valencia (22,1%). Esta última ciudad fue líder hace un año con un porcentaje del 21,4%. Las capitales con mayor cantidad de viviendas para reformar son León (24,4%), Cuenca (20,8%) y Las Palmas de Gran Canaria (18,2%). También fue León (24,2%) la capital con más casas en peor estado hace un año.

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Accesibilidad: Bajar el ascensor a ras de calle incumbe a todos los propietarios

Accesibilidad: Bajar el ascensor a ras de calle incumbe a todos los propietarios

Ascensor a cota cero: los locales también pagan

Si una comunidad acuerda la bajada del ascensor a cota cero, los locales también deben contribuir, aunque estén exonerados de los gastos de ascensor.

En algunos edificios en los que existe ascensor es necesario salvar unas escaleras para poder acceder a él. Por eso, algunas comunidades (sobre todo en las que residen personas de edad avanzada) se planten bajar el ascensor a «cota cero» y eliminar los peldaños que llegan hasta la entrada del edificio.

Pues bien:

  • Al tratarse de una obra para suprimir barreras arquitectónicas, es suficiente que se acuerde por mayoría de propietarios que representen también la mayoría de las cuotas de participación.
  • Además, una vez adoptado del acuerdo, todos los propietarios deben contribuir a ese gasto según su cuota de participación.
  • No obstante, en esos casos se plantea la duda de si los locales que están exonerados genéricamente de los “gastos de ascensor” deben contribuir o no a esa obra.

En este sentido:

  • Cuando los estatutos exoneran a los locales de algún gasto por servicios que no utilizan (en este caso del ascensor), están exonerados tanto de los gastos ordinarios (conservación y mantenimiento)como de los extraordinarios (sustitución o reforma). En cambio, sí deben contribuir a los gastos de instalación de un ascensor si la finca no cuenta con ese servicio (y si los estatutos no les exoneran expresamente de gastos de instalación).
  • Por eso hasta ahora se entendía que los locales exentos de los gastos de ascensor no debían contribuir a los costes de la bajada a cota cero, pues esta obra se equiparaba a una reforma o adaptación del ascensor.

Nuevo criterio

Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado (TS 21-06-2018) que los locales deben contribuir a esta obra aunque estén exentos de los gastos de ascensor (consideran que es una obra necesaria para la habitabilidad y la equipará a la instalación del ascensor). Por tanto, si en su comunidad van a realizar esta obra, pueden distribuir al gasto entre todos los propietarios, aunque los locales estén exentos de los gastos de ascensor (solo estarían exonerados si los estatutos especifican expresamente que también están exentos de los gastos de instalación de ascensor).

Los tribunales han cambiado el criterio que se aplicaba hasta ahora y equiparan la bajada a cota cero del ascensor a su instalación por primera vez.

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Solo el 1% de las viviendas son accesibles

Solo el 1% de las viviendas son accesibles

fuente: elmundo.es

Suspenso en la accesibilidad a viviendas

De los casi 10 millones de edificios destinados a viviendas, un 63% no son accesibles de la calle al portal porque tienen escaleras en ese punto

Las viviendas españolas suspenden en accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, cuyos criterios cumplen un 0,6% de los edificios de viviendas. el dato se desprende del estudio La accesibilidad en las viviendas de España, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

Los autores del estudio concluyen que a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el Real Decreto Ley de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, no llega al 1% el porcentaje de viviendas accesibles, teniendo en cuenta las diferentes zonas del edificio, desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.

España es el país miembro de la Unión Europea en el que más personas viven en piso (cerca del 7%). En total son 9,8 millones de edificios los destinados a viviendas, de los que un 63% no son accesibles de la calle al portal porque existen escaleras en este punto. Además, el 28% de las fincas tienen rampa, pero en algunos casos no es plenamente funcional.

La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 14% de los edificios no posee portero automático y, de los que lo tienen, el 68% no es accesible para una persona en silla de ruedas.

«Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere», ha indicado en la presentación del estudio el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer Andrés.

Los mayores de 70 años pueden forzar las reformas

El 70% de los encuestados desconocen la norma (artículo 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

En este sentido, Sergio Nasarre, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, ha apuntado «que la realización de las oportunas reformas deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años. La rehabilitación debe ser razonable y su precio no puede superar las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad«.

No obstante, Nasarre ha indicado que «el problema es que es un parque de viviendas envejecido y, además, la crisis ha afectado a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad», e incide en que «son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad».

El 25% de los encuestados encuentra dificultades al abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades en utilizar la cerradura. Además, un 39% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio desciende al 44%.

Asimismo, el 22% de los edificios no tienen ascensor y los que sí cuentan con él, sólo en un 15% de ellos está incorportado el anuncio sonoro y el anuncio en braille de los botones está en un 63% de los casos. Por lo tanto, sólo el 7% de los ascensores son accesibles.

En cuanto a los buzones, en un 64% de los casos no puede accederse a ellos desde una silla de ruedas.

Zonas comunes

El estudio analiza también el grado de accesibilidad de las zonas comunes, desvelando que el 18% de los garajes son plenamente accesibles y que un 50% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida.

Las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que sólo se consideran accesibles el 54% de las zonas comunes.

Aunque un 40% de los encuestados cree que deberían hacerse mejoras de accesibilidad en su edificio, el desconocimiento legal y los motivos económicos impiden su materialización.

Este motivo económico se corrobora con el hecho de que el 10% de las obras de adaptación realizadas provienen de ayudas de la Administración pública mientras que el resto se sufraga con dinero de la comunidad o de los inquilinos.

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Garajes con enchufe, lo que hay que saber

Garajes con enchufe, lo que hay que saber

fuente: elpais.com

Mi garaje necesita un enchufe

La legislación facilita la reforma de aparcamientos para el vehículo eléctrico, pero el desconocimiento es una barrera

A pesar de que siguen siendo más caros que los de motor térmico, el 43% de los españoles compraría un coche eléctrico, una cifra que llega al 95% en Madrid, según un reciente estudio patrocinado por la aseguradora Direct Seguros. Pero a muchos potenciales compradores, además del precio, les echa para atrás un factor: la falta de sitios donde enchufarlos, y, sobre todo, enchufarlos toda la noche. «La principal fuente de energía es la llamada recarga vinculada, es decir, la que se hace en el hogar», explica Arturo Pérez de Lucía, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE). «Es cuando el vehículo permanece más tiempo parado, y además puede aprovechar las señales de precio nocturno del sistema eléctrico».

Pero en las ciudades españolas se aparca mucho más en la calle que en otras urbes del continente. Según el portal Idealista, solo una de cada tres viviendas en España tiene plaza de parking propia, una cifra que se reduce al 15% en ciudades como Barcelona.

La primera pregunta que se hace el que tiene la suerte de tener plaza es: ¿qué enchufe instalar? Hay distintas opciones de conector, dependiendo de si el coche es eléctrico puro o híbrido enchufable. «Por un lado, están los enchufes monofásicos, los que se pueden usar para la nevera o el microondas», explica Luis Cejalbo, de la valenciana Lugenergy, una de las compañías que empiezan a surgir para abastecer el mercado de conexiones eléctricas en garajes. «Esos son suficientes para los vehículos híbridos. Pero para los puramente eléctricos hace falta utilizar conectores especiales trifásicos que permiten una carga más rápida». A la hora de diseñar una instalación hay que recordar que no existe un único estándar para los enchufes: en España se pueden encontrar tanto el europeo, el llamado tipo 2 o Mennekes —por el nombre de su primer fabricante—, como el americano, el llamado tipo 1.

Según Pérez de Lucía, en la mayoría de los casos comprar un vehículo eléctrico no implica tener que cambiar la potencia de electricidad contratada. «Casi todos los puntos son de intensidad variable: están diseñados para funcionar por la noche, cuando la mayor parte de los electrodomésticos están apagados», señala. «Si uno quiere enchufar por el día, lo ajusta desde el móvil».

Las cosas se complican cuando el garaje es compartido. En 2013, dentro de una batería de medidas para fomentar la rehabilitación de las viviendas, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a los propietarios de plazas de garaje instalar un punto de carga simplemente avisando con antelación a la comunidad de propietarios. «La normativa de construcción te da varias posibilidades de instalación», explica Cejalbo. «El más utilizado permite derivar hasta el enchufe desde las bornas del propio contador».

Eso sí, el que decida instalarse un enchufe en el garaje ha de hacerse cargo de todos los gastos. «El problema es que esto es muy nuevo y tanto el presidente como el administrador de la comunidad de propietarios no lo suelen saber», explica Cejalbo. «Hay gente que tiene una plaza de garaje en propiedad en un edificio pero que no vive en él; cuando pide un nuevo contador para su plaza hay comunidades que se han negado».

Un plan para todos

«Una vez el propietario ha comunicado su intención, tiene el derecho de hacerlo a su costa y cargo», confirman del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. «Nosotros aconsejamos que la comunidad de propietarios encargue un proyecto describiendo todos los aspectos que afecten al elemento comunitario: dónde van a instalarse los contadores, cómo se va a tender el cableado hasta el punto de recarga, dónde se van a instalar los enchufes, etcétera. Este proyecto luego se somete a junta general, y, como tiene consideración de instalación necesaria, puede aprobarse por mayoría simple y vincula a todos los propietarios al pago. Incluidos los disidentes».

Para Cejalbo, el desconocimiento de la tecnología sigue siendo un problema. «Nos llegó un caso de una persona que quería instalarse un enchufe en la plaza y un vecino que no quería porque decía que era peligroso, que había filtraciones de agua», recuerda. «Iba por las mañanas y se encontraba un charco en su plaza —solo en su plaza— y las paredes secas. Más tarde se enteraría que era el vecino, que tiraba cubos de agua».

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Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

fuente: elpais.com

La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años

El próximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer «ajustes razonables». Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

«En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles», según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). «En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones», comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, «el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas», insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obstáculos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así «evitar la contradicción entre las normas», explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. «La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos», dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. «No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar más de un año», expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. «Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores», añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, «el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas», aporta Salvador Díez.

Las fincas que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. «Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora», cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, «en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos», calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra civil y las alturas. «Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros», señala Martínez Torres.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. «Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas», contesta el presidente del CGCAFE.

Solo el 1% de las viviendas son accesibles

Tres meses para adaptar nuestros portales

Fuente:El Economista.es

Quedan solo tres meses para adaptar portales y escaleras

Las comunidades de propietarios de toda España, cuyos edificios ya existiesen en diciembre de 2010, tienen la obligación, antes del próximo día 4 de diciembre de 2017, de realizar ajustes razonables de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus edificios.

Las medidas, incluidas en el Código Técnico de Edificación, se cuantifican en un coste máximo de 12 mensualidades de gastos comunes, más las posibles ayudas que se puedan recibir de organismos públicos.

Por ejemplo, un propietario que pague cada mes 60 euros para gastos comunes, deberá soportar una derrama que no superará los 720 euros en total. El coste que supere esta cantidad deberá ser sufragado por los solicitantes de las obras.

Cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. Se incluye entre estas obras exigibles, la instalación de rampas, plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, y ascensores.

En el caso del acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones nuevas, a partir del 4 de diciembre de 2010, ya son obligatorias desde esa misma fecha.

Los edificios deberán cumplir, por tanto, en la mayor medida posible y dentro de sus propios condicionantes el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Pero ¿de dónde parte esta obligación para las comunidades de propietarios?. Está regulada en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social -Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre-, así como en el artículo 2.5 del Texto Refundido de la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Igualdad de condiciones

La normativa define estos ajustes razonables de accesibilidad como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos».

Ante las dudas generadas por esta definición la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, que se entiende por ajuste razonable, al señalar que «las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada.

Así, se regula que para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda».

Además, «se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes».

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