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La accesibilidad de la vivienda nos afecta a todos

La accesibilidad de la vivienda nos afecta a todos

Claves para garantizar la accesibilidad a todas las personas en una comunidad de vecinos

Fuente: iesa.es

Ya sea una persona de avanzada edad o un vecino con discapacidad, cuando un residente en una comunidad tiene problemas de movilidad y necesita que se modifiquen las zonas comunes para facilitar su acceso, debe saber que tiene el respaldo de la Ley de Propiedad Horizontal. Según su artículo 10, todas las instalaciones necesarias para permitir la movilidad son de carácter obligatorio y no necesitan aprobación de la junta de vecinos, siempre que sean ordenadas por uno de los residentes o la Administración Pública y siempre que el importe repercutido por ellas no exceda de forma anual el valor de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La ley actúa asegurando los derechos de todos los ciudadanos frente a aquellas situaciones donde un vecino puede sentirse vulnerable ante la comunidad. Sin embargo, como defienden los Administradores de Fincas colegiados, la adaptación para garantizar y facilitar la accesibilidad tiene que ser una filosofía que nazca de la propia comunidad, ya que todas las personas son susceptibles de sufrir problemas de movilidad algún día cuando alcancen la vejez. Estos son los elementos imprescindibles para que una comunidad de vecinos sea completamente accesible:

  • Ascensor: Es el elemento principal a la hora de adaptar una comunidad y debe ser capaz de comunicar todas las zonas comunes entre ellas: entrada principal, rellanos de los portales y el garaje. En caso de que sea imposible conseguir que todas las zonas se conecten con un solo ascensor puede optarse por la instalación de varios, o por incluir una silla salvaescaleras para reducir costes.
  • Evitar rampas con demasiada pendiente: Un problema clásico al que se enfrentan las personas con problemas de movilidad es que las rampas de acceso estén construidas sin pensar en su uso cotidiano. Se debe evitar instalar rampas demasiado inclinadas, ya que, incluso, pueden llegar a ser peligrosas.
  • Barandillas de seguridad: Siempre habrá zonas más delicadas de transitar que pueden requerir de un punto de seguridad adicional, como una barandilla. No solo se deben instalar en las escaleras, también en sus aledaños y cerca de las ventanas.
  • Espacio de maniobra: Además de adaptar los elementos físicos de la comunidad, hay que contar con que el espacio de maniobra de una persona con movilidad reducida generalmente es mayor. La comunidad debe contar con unas zonas comunes espaciosas, que permitan moverse con libertad a todas las personas.
  • Adaptación de la entrada principal: Las dimensiones y el peso de la puerta principal, así como el desnivel con la calle son dos elementos críticos e indispensables de adaptar. La comunidad de vecinos debe optar por un sistema de contrapesos que dé ligereza a la puerta para que sea más fácil de abrir y adaptar el escalón para que se trasforme en una pendiente poco pronunciada.

Las comunidades de vecinos cuentan con la ayuda de su Administrador de Fincas colegiado para asegurar que sus zonas comunes facilitan la accesibilidad a todas las personas, así como para asegurar el mantenimiento de todas las instalaciones orientadas a este objetivo. Además, el Administrador también vela por el cumplimiento de los códigos y medidas que dictan el Ministerio de Fomento y El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, asegurando que todas las decisiones de la junta de vecinos en materia de accesibilidad se toman de acuerdo a la legalidad.

Sobre Administraciones Corcho:

Administraciones Corcho lleva más de 30 años trabajando como Administradores de fincas en Madrid (Carabanchel, Centro, Arganzuela, Usera, Latina , Villaverde…) ofreciendo unos precios competitivos y un servicio eficaz y profesional. Solicite presupuesto sin compromiso aquí.

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Además, a través de nuestro sitio web tendrá acceso durante las 24 horas del día a la documentación de su Comunidad de Propietarios, condiciones especiales con proveedores y una exclusiva oferta inmobiliaria.

Accesibilidad: Bajar el ascensor a ras de calle incumbe a todos los propietarios

Accesibilidad: Bajar el ascensor a ras de calle incumbe a todos los propietarios

Ascensor a cota cero: los locales también pagan

Si una comunidad acuerda la bajada del ascensor a cota cero, los locales también deben contribuir, aunque estén exonerados de los gastos de ascensor.

En algunos edificios en los que existe ascensor es necesario salvar unas escaleras para poder acceder a él. Por eso, algunas comunidades (sobre todo en las que residen personas de edad avanzada) se planten bajar el ascensor a «cota cero» y eliminar los peldaños que llegan hasta la entrada del edificio.

Pues bien:

  • Al tratarse de una obra para suprimir barreras arquitectónicas, es suficiente que se acuerde por mayoría de propietarios que representen también la mayoría de las cuotas de participación.
  • Además, una vez adoptado del acuerdo, todos los propietarios deben contribuir a ese gasto según su cuota de participación.
  • No obstante, en esos casos se plantea la duda de si los locales que están exonerados genéricamente de los “gastos de ascensor” deben contribuir o no a esa obra.

En este sentido:

  • Cuando los estatutos exoneran a los locales de algún gasto por servicios que no utilizan (en este caso del ascensor), están exonerados tanto de los gastos ordinarios (conservación y mantenimiento)como de los extraordinarios (sustitución o reforma). En cambio, sí deben contribuir a los gastos de instalación de un ascensor si la finca no cuenta con ese servicio (y si los estatutos no les exoneran expresamente de gastos de instalación).
  • Por eso hasta ahora se entendía que los locales exentos de los gastos de ascensor no debían contribuir a los costes de la bajada a cota cero, pues esta obra se equiparaba a una reforma o adaptación del ascensor.

Nuevo criterio

Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado (TS 21-06-2018) que los locales deben contribuir a esta obra aunque estén exentos de los gastos de ascensor (consideran que es una obra necesaria para la habitabilidad y la equipará a la instalación del ascensor). Por tanto, si en su comunidad van a realizar esta obra, pueden distribuir al gasto entre todos los propietarios, aunque los locales estén exentos de los gastos de ascensor (solo estarían exonerados si los estatutos especifican expresamente que también están exentos de los gastos de instalación de ascensor).

Los tribunales han cambiado el criterio que se aplicaba hasta ahora y equiparan la bajada a cota cero del ascensor a su instalación por primera vez.

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Garajes con enchufe, lo que hay que saber

Garajes con enchufe, lo que hay que saber

fuente: elpais.com

Mi garaje necesita un enchufe

La legislación facilita la reforma de aparcamientos para el vehículo eléctrico, pero el desconocimiento es una barrera

A pesar de que siguen siendo más caros que los de motor térmico, el 43% de los españoles compraría un coche eléctrico, una cifra que llega al 95% en Madrid, según un reciente estudio patrocinado por la aseguradora Direct Seguros. Pero a muchos potenciales compradores, además del precio, les echa para atrás un factor: la falta de sitios donde enchufarlos, y, sobre todo, enchufarlos toda la noche. «La principal fuente de energía es la llamada recarga vinculada, es decir, la que se hace en el hogar», explica Arturo Pérez de Lucía, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE). «Es cuando el vehículo permanece más tiempo parado, y además puede aprovechar las señales de precio nocturno del sistema eléctrico».

Pero en las ciudades españolas se aparca mucho más en la calle que en otras urbes del continente. Según el portal Idealista, solo una de cada tres viviendas en España tiene plaza de parking propia, una cifra que se reduce al 15% en ciudades como Barcelona.

La primera pregunta que se hace el que tiene la suerte de tener plaza es: ¿qué enchufe instalar? Hay distintas opciones de conector, dependiendo de si el coche es eléctrico puro o híbrido enchufable. «Por un lado, están los enchufes monofásicos, los que se pueden usar para la nevera o el microondas», explica Luis Cejalbo, de la valenciana Lugenergy, una de las compañías que empiezan a surgir para abastecer el mercado de conexiones eléctricas en garajes. «Esos son suficientes para los vehículos híbridos. Pero para los puramente eléctricos hace falta utilizar conectores especiales trifásicos que permiten una carga más rápida». A la hora de diseñar una instalación hay que recordar que no existe un único estándar para los enchufes: en España se pueden encontrar tanto el europeo, el llamado tipo 2 o Mennekes —por el nombre de su primer fabricante—, como el americano, el llamado tipo 1.

Según Pérez de Lucía, en la mayoría de los casos comprar un vehículo eléctrico no implica tener que cambiar la potencia de electricidad contratada. «Casi todos los puntos son de intensidad variable: están diseñados para funcionar por la noche, cuando la mayor parte de los electrodomésticos están apagados», señala. «Si uno quiere enchufar por el día, lo ajusta desde el móvil».

Las cosas se complican cuando el garaje es compartido. En 2013, dentro de una batería de medidas para fomentar la rehabilitación de las viviendas, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a los propietarios de plazas de garaje instalar un punto de carga simplemente avisando con antelación a la comunidad de propietarios. «La normativa de construcción te da varias posibilidades de instalación», explica Cejalbo. «El más utilizado permite derivar hasta el enchufe desde las bornas del propio contador».

Eso sí, el que decida instalarse un enchufe en el garaje ha de hacerse cargo de todos los gastos. «El problema es que esto es muy nuevo y tanto el presidente como el administrador de la comunidad de propietarios no lo suelen saber», explica Cejalbo. «Hay gente que tiene una plaza de garaje en propiedad en un edificio pero que no vive en él; cuando pide un nuevo contador para su plaza hay comunidades que se han negado».

Un plan para todos

«Una vez el propietario ha comunicado su intención, tiene el derecho de hacerlo a su costa y cargo», confirman del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. «Nosotros aconsejamos que la comunidad de propietarios encargue un proyecto describiendo todos los aspectos que afecten al elemento comunitario: dónde van a instalarse los contadores, cómo se va a tender el cableado hasta el punto de recarga, dónde se van a instalar los enchufes, etcétera. Este proyecto luego se somete a junta general, y, como tiene consideración de instalación necesaria, puede aprobarse por mayoría simple y vincula a todos los propietarios al pago. Incluidos los disidentes».

Para Cejalbo, el desconocimiento de la tecnología sigue siendo un problema. «Nos llegó un caso de una persona que quería instalarse un enchufe en la plaza y un vecino que no quería porque decía que era peligroso, que había filtraciones de agua», recuerda. «Iba por las mañanas y se encontraba un charco en su plaza —solo en su plaza— y las paredes secas. Más tarde se enteraría que era el vecino, que tiraba cubos de agua».

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Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

fuente: elpais.com

La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años

El próximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer «ajustes razonables». Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

«En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles», según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). «En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones», comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, «el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas», insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obstáculos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así «evitar la contradicción entre las normas», explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. «La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos», dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. «No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar más de un año», expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. «Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores», añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, «el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas», aporta Salvador Díez.

Las fincas que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. «Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora», cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, «en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos», calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra civil y las alturas. «Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros», señala Martínez Torres.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. «Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas», contesta el presidente del CGCAFE.

Tres meses para adaptar nuestros portales

Tres meses para adaptar nuestros portales

Fuente:El Economista.es

Quedan solo tres meses para adaptar portales y escaleras

Las comunidades de propietarios de toda España, cuyos edificios ya existiesen en diciembre de 2010, tienen la obligación, antes del próximo día 4 de diciembre de 2017, de realizar ajustes razonables de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus edificios.

Las medidas, incluidas en el Código Técnico de Edificación, se cuantifican en un coste máximo de 12 mensualidades de gastos comunes, más las posibles ayudas que se puedan recibir de organismos públicos.

Por ejemplo, un propietario que pague cada mes 60 euros para gastos comunes, deberá soportar una derrama que no superará los 720 euros en total. El coste que supere esta cantidad deberá ser sufragado por los solicitantes de las obras.

Cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. Se incluye entre estas obras exigibles, la instalación de rampas, plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, y ascensores.

En el caso del acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones nuevas, a partir del 4 de diciembre de 2010, ya son obligatorias desde esa misma fecha.

Los edificios deberán cumplir, por tanto, en la mayor medida posible y dentro de sus propios condicionantes el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Pero ¿de dónde parte esta obligación para las comunidades de propietarios?. Está regulada en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social -Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre-, así como en el artículo 2.5 del Texto Refundido de la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Igualdad de condiciones

La normativa define estos ajustes razonables de accesibilidad como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos».

Ante las dudas generadas por esta definición la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, que se entiende por ajuste razonable, al señalar que «las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada.

Así, se regula que para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda».

Además, «se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes».

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