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Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

fuente: elpais.com

La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años

El próximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer «ajustes razonables». Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

«En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles», según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). «En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones», comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, «el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas», insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obstáculos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así «evitar la contradicción entre las normas», explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. «La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos», dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. «No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar más de un año», expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. «Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores», añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, «el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas», aporta Salvador Díez.

Las fincas que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. «Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora», cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, «en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos», calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra civil y las alturas. «Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros», señala Martínez Torres.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. «Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas», contesta el presidente del CGCAFE.

Tres meses para adaptar nuestros portales

Tres meses para adaptar nuestros portales

Fuente:El Economista.es

Quedan solo tres meses para adaptar portales y escaleras

Las comunidades de propietarios de toda España, cuyos edificios ya existiesen en diciembre de 2010, tienen la obligación, antes del próximo día 4 de diciembre de 2017, de realizar ajustes razonables de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus edificios.

Las medidas, incluidas en el Código Técnico de Edificación, se cuantifican en un coste máximo de 12 mensualidades de gastos comunes, más las posibles ayudas que se puedan recibir de organismos públicos.

Por ejemplo, un propietario que pague cada mes 60 euros para gastos comunes, deberá soportar una derrama que no superará los 720 euros en total. El coste que supere esta cantidad deberá ser sufragado por los solicitantes de las obras.

Cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. Se incluye entre estas obras exigibles, la instalación de rampas, plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, y ascensores.

En el caso del acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones nuevas, a partir del 4 de diciembre de 2010, ya son obligatorias desde esa misma fecha.

Los edificios deberán cumplir, por tanto, en la mayor medida posible y dentro de sus propios condicionantes el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Pero ¿de dónde parte esta obligación para las comunidades de propietarios?. Está regulada en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social -Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre-, así como en el artículo 2.5 del Texto Refundido de la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Igualdad de condiciones

La normativa define estos ajustes razonables de accesibilidad como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos».

Ante las dudas generadas por esta definición la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, que se entiende por ajuste razonable, al señalar que «las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada.

Así, se regula que para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda».

Además, «se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes».

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Subvenciones para rehabilitación en Madrid

Subvenciones para rehabilitación en Madrid

Subvenciones de la Comunidad de Madrid destinadas a la Rehabilitación Edificatoria 2017

Se pueden solicitar entre el 20 de abril y el 20 de junio.

El 20 de abril de 2017, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el extracto de la orden de 11 de abril de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras en la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria, correspondientes al año 2017.

Las obras y trabajos subvencionables son:

  • Mantenimiento en intervención en instalaciones fijas y equipamiento propio
  • Mantenimiento en elementos y espacios privativos comunes

Los edificios deben ser residenciales y cumplir una serie de requisitos:

  • Estar finalizados antes de 1.981.
  • Que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda.
  • Que al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Los beneficiarios serán las Comunidades de Propietarios, agrupaciones de Comunidades de Propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.

El procedimiento de adjudicación será por concurrencia competitiva y la cuantía máxima por edificio no podrá superar el importe de multiplicar 11.000€ por cada vivienda y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil local. Esta cuantía no podrá exceder del 35% del coste subvencionable de la actuación.

Cuando las actuaciones sean para la mejora de la accesibilidad universal dicha cuantía podrá llegar hasta el 50%, únicamente en la partida correspondiente a accesibilidad. Lo que supone una buena noticia en un aspecto de importancia social creciente.

Para estos fines, el presupuesto de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2.017 asciende a 6.356.800€ y de 7.769.473,90€ para el ejercicio 2.018.

La presentación para solicitar las subvenciones será de dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto, es decir desde el 21 de abril al 20 de Junio del presente año.

En Administraciones Corcho disponemos de una amplia experiencia en gestión y tramitación de ayudas y subvenciones para las comunidades de vecinos. Contacte con nosotros para comprobar juntos las mejores opciones para su comunidad.

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Tres meses para adaptar nuestros portales

Edificios accesibles ¿quien paga?

FUENTE: 20 MINUTOS

Por unos edificios accesibles a todos: ¿quién paga las reformas?

  • El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad propone que paguen las comunidades de propietarios.
  • Pese a mejorar la Ley de Propiedad Horizontal, hay personas con discapacidad que no puedan entrar y salir en igualdad de condiciones.

Que un edificio sea accesible a todos es algo a lo que nadie se negaría en su sano juicio. Pero ¿quién paga las reformas? En el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lo tienen claro.

Proponen que todas las obras necesarias para hacer accesible un edificio de viviendas las paguen las comunidades de propietarios.   El CERMI ha ejercido su derecho de petición para reclamar por escrito al Ministerio de Fomento que promueva urgentemente la modificación de la Ley de propiedad horizontal y conexas para favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad y personas mayores.

En su opinión, pese a las mejoras que se han realizado en los años 2003, 2011 y 2013 en la Ley de Propiedad Horizontal, no se han conseguido subsanar los déficit de esta normativa que permiten que haya personas mayores o con discapacidad que no puedan entrar y salir en igualdad de condiciones de sus hogares. Ello ocurre porque hay comunidades de propietarios que no sufragan el coste de las reformas que requieren muchos edificios para eliminar las barreras arquitectónicas.

A juicio de la entidad, estos progresos normativos deben ser completados, alcanzando la total asunción de costes, como desde siempre ha sucedido para otras obligaciones que asume la comunidad como las derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad del edificio de viviendas. «No hay razón social ni jurídica para otorgar a la accesibilidad un trato distinto y más desfavorable, rayano en la discriminación, cuando el bien social protegido constitucionalmente, la inclusión de las personas con discapacidad o mayores, es tan evidente», opinan los responsables de CERMI.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad plantea al Ministerio de Fomento una reforma normativa. Aboga por reforzar la obligatoriedad de que las comunidades de propietarios afronten el coste de los ajustes razonables. Se engloban dentro de esta categoría las reformas que no superen la suma de 12 cuotas mensuales de cada propietario, excluyendo las ayudas a las que se tenga derecho.

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