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¿Hasta qué edad te dejan pagar hipoteca?

¿Hasta qué edad te dejan pagar hipoteca?

Los jubilados seguirán pagando la hipoteca con su pensión

fuente: lasprovincias.es

La edad máxima que permite la banca para que el titular pueda liquidar su deuda se calcula por encima de los 67 años, y en algunos casos llega a los 80.

La prudencia a la que ha instado el Banco de España a las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas encuentra cada vez menos límites al menos en lo relativo al tiempo en el que el solicitante puede estar abonando las cuotas del crédito hasta devolver el último céntimo a su banco.

Muchos de esos hipotecados estarán comprometidos con su entidad financiera incluso hasta que cumplan los 80 años, según las condiciones con las que las corporaciones están ofreciendo los créditos para vivienda en estos momentos. Así, pasan de pagar las cuotas con nómina a hacerlo con sus pensiones.

Esta posibilidad contrasta con el límite que hasta hace poco más de una década imponía la banca a la hora de autorizar la firma de una hipoteca: como máximo, el momento en el que el solicitante se jubilara. Esto es, a los 65 años.

La vida de pocos préstamos inmobiliarios superaba esa barrera. Además, porque socialmente imperaba la idea de que en el momento de abandonar el mercado laboral, el jubilado no quería asumir más cargas en lo relativo a su vivienda, para disfrutar mejor de la ‘edad de oro’.

Sin embargo, las hipotecas que ofertan los bancos en estos momentos permiten realizar cálculos de los plazos para devolver ese dinero con una nueva referencia de jubilación, la de los 67 años, que será la nueva edad oficial para retirarse del trabajo en el año 2027, cuando se complete la reforma de las pensiones aprobada en 2011 por la que se elevaba poco a poco esa edad. Para este año, quienes se jubilen deberán hacerlo cuando hayan cumplido 65 años y ocho meses, siempre que no hayan cotizado más de 39 años y medio -o a los 65 si su cotización supera esos 39 años y medio-.

De hecho, en casos como el Banco Santander o en Bankia, la edad máxima a la que se puede seguir pagando una hipoteca alcanza los 80 años. Se trata de abonarla prácticamente durante toda la vida, ya que la esperanza media de vida de los españoles se sitúa en los 82 años. En otras entidades, como CaixaBank, ese plazo máximo alcanza los 75 años. Y en algunas como BBVA, en los 70 años.

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Cuando el moroso es el banco

Cuando el moroso es el banco

fuente: idealista.com

Los bancos aún deben 45 millones a las comunidades de vecinos en Madrid

La banca que se adjudicó una amplia cartera de pisos durante lo peor de la crisis económica aún mantiene deudas con las comunidades de vecinos de la Región de Madrid, pese a que se ha reducido en un 13% en el último año. La morosidad bancaria asciende a 45,3 millones de euros, que representa un 20% del total de la deuda pendiente de cobrar por las fincas de comunidad autónoma, que asciende a unos 226 millones. Esto supone además una media de 1.109 euros en impagos por comunidad de propietarios.

El Estudio Global sobre la morosidad en las comunidades de propietarios, elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), afirma que la deuda con las comunidades de propietarios sigue bajando frente a lo peor de la crisis. En 2016, el nivel de impagos por morosidad alcanzó los 225,8 millones de euros, uno 8,1% interanual menos.

“La situación social ha mejorado, pero esto no significa que la crisis económica haya quedado atrás. La disminución del paro y las nuevas oportunidades han encontrado un equilibrio que ha favorecido la reducción de la morosidad en las comunidades de propietarios”, afirma Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, son las comunidades en las que más se notó el descenso. Casi el 40% de las comunidades de propietarios madrileñas tiene propietarios morosos, con un importe medio de la morosidad a 1.109 euros durante 2016.

 La banca sigue retrasando el pago de las cuotas

Las entidades financieras siguen aplazando el pago de las cuotas a la comunidad que les corresponden como propietarios de los pisos que se han adjudicado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Con sus 45 millones de euros de mora en 2016, representa el 20% del total de la deuda a las comunidades. Aunque hay que decir que los impagos siguen descendiendo, hasta un 13% en el último año.

“Su burocrático sistema de gestión de cobro es una de las razones por las que las entidades no saben resolver eficazmente su situación patrimonial con las comunidades de propietarios”, según Martínez.

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Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

fuente: elpais.com

La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años

El próximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer «ajustes razonables». Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

«En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles», según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). «En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones», comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, «el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas», insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obstáculos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así «evitar la contradicción entre las normas», explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. «La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos», dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. «No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar más de un año», expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. «Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores», añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, «el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas», aporta Salvador Díez.

Las fincas que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. «Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora», cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, «en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos», calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra civil y las alturas. «Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros», señala Martínez Torres.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. «Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas», contesta el presidente del CGCAFE.

En la comunidad de vecinos, no hay independencia.

Fuente: elmundo.es

¿Me puedo independizar de mi comunidad de vecinos?

Juanjo Bueno

Aunque hace años se presentó a las elecciones para ser presidente de la comunidad, Pablo, vecino del 8º C, está más que harto y quiere independizarse del edificio. Como lo oyen. Pero no de la manera en la que están pensando, vendiendo el piso y mudándose a un chalé, sino permaneciendo en la comunidad pagando únicamente sus gastos.

El elemento de la discordia vuelve a ser la calefacción. Lleva tan sólo unos días puesta y ya ha encontrado detractores. Recordemos que la comunidad La Colmena tiene una caldera central aunque cada una de las viviendas paga lo que consume por tener repartidores en sus radiadores.

Pues bien, Pablo ha decidido por su cuenta y riesgo poner una caldera individual y ahora se niega a contribuir a los gastos derivados del servicio de calefacción central, que no deja de ser un elemento común del edificio. La comunidad se ha negado en junta de eximirle de estos gastos.

Este ha sido el detonante que ha llevado al vecino a pedir la independencia de la comunidad. Incluso ya se lo ha planteado a la presidenta, Paquita, que no ha podido más que mofarse y negarse en rotundo. «Cuando una persona compra un piso integrado en una comunidad sabe que tiene una serie de obligaciones, como es la de pagar los servicios comunes», le intentó explicar. «Sí, la teoría está muy bien, pero en la práctica sabemos que hay propietarios que no pagan la comunidad porque no quieren, y okupas que quieren pagar las cuotas y no les dejan», le replicó. Un zasca en toda regla.

Pablo no cejó en su empeño y solicitó al administrador de la finca, Gregorio, los argumentos legales por las que no puede declarar su vivienda como una «República independiente de la comunidad».

Con buen tino, Gregorio le recordó que vive en una comunidad con sus Órganos de Gobierno y sus propios Estatutos, siendo la única vía que permitiría desenchufarse del edificio la propia extinción de la comunidad. «La Ley faculta que un edificio disuelva el régimen de propiedad horizontal pero para ello se necesita un acuerdo unánime de todos los propietarios», especificó. Es más, la improbable destrucción del edificio también permitiría la extinción de la comunidad. Incluso la conversión en una única propiedad, por ejemplo si un inversor comprase todos los pisos y locales. También poco probable.

Razonamientos de peso que si bien no convencieron a Pablo, sí harán que las banderas sigan ondeando en la comunidad La Colmena.

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Pisos turísticos. ¿En qué quedamos?

Pisos turísticos. ¿En qué quedamos?

Fuente: idealista.com

Los administradores de fincas piden claridad de los pisos en la ley de alquiler turístico

Los Administradores de Fincas de Madrid urgen al Gobierno de la región a incluir de forma clara, y dentro de la normativa, los pisos en multipropiedad, que acaparan el 60% de la oferta de este tipo de arrendamiento. Entre sus peticiones destacan: incrementar la participación de gastos comunes por el mayor uso de los servicios comunitarios o limitar el número de los alojamientos a un máximo de dos por edificio.

El alquiler de uso turístico se generaliza en Madrid, mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando en el Decreto que regule este tipo de actividad. Según el Ayuntamiento de la capital, el 12% de las viviendas del distrito Centro de Madrid se usan para el alquiler de uso turístico. Además, según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) las consultas realizadas por propietarios y profesionales del sector se han incrementado por 120% en los últimos meses.

“Instamos a la Administración regional a publicar un nuevo marco regulatorio que aclare y dé respuestas a las necesidades que se han advertido en la utilización de dichas viviendas”, manifiesta la presidenta del el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Manuela Julia Martínez. “Esperamos con impaciencia conocer cómo aborda el gobierno regional este nuevo fenómeno social y económico”.

Desde CAFMadrid insisten en que para que la nueva legislación aborde con profundidad el incremento de las viviendas turísticas “los pisos no pueden quedar al margen tras la modificación de Ley de Propiedad Horizontal (LPH), ya que se comprueba que casi el 60% de las personas que anuncian pisos turísticos son multipropietarios y no particulares”, afirma su presidenta.

Entre las medidas que CAFMadrid pide incluir en el decreto de regulación de pisos turísticos se encuentra la posibilidad de incrementar la participación de gastos comunes por el mayor uso de los servicios comunitarios (ascensor, zonas deportivas, etc.) a los propietarios de pisos turísticos, así como a aquellos que tengan una actividad mercantil (consultas médicas, dentistas, hostales, despachos de abogados…) en el edificio

Otras medidas serían limitar el número de los alojamientos turísticos, sin distinguir entre viviendas y hostales, a un máximo de dos por edificio; introducir la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en aquellas comunidades de propietarios cuyos Estatutos así lo recojan de forma expresa, o disponer de un certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico como documento técnico que pueda garantizar al usuario que el piso cumple con unos parámetros determinados.

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