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Aprobada la ley del «desahucio express» contra las mafias okupas

Aprobada la ley del «desahucio express» contra las mafias okupas

El Congreso aprueba la ley del desahucio exprés contra las ‘okupaciones’

fuente: CincoDias.elpais.com

  • El texto final excluye a gestores privados de vivienda social, cerrando la puerta a bancos y fondos buitre

  • Se dictará sentencia «de inmediato» en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en determinados supuestos de propiedad.

La iniciativa, una vez enmendada, ha contado con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís han votado en contra. El texto ha sido remitido al Senado para completar su tramitación.

Finalmente los socialistas se han descolgado de un texto que, en gran medida, habían acordado y respaldado en la fase de ponencia, lo que ha sido afeado por diferentes grupos durante el debate en Comisión. Según alegan, el resultado «final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes», informa Europa Press.

La ley ha acabado definiéndose como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil «en relación con la ocupación ilegal de inmuebles», pese a que en un primer momento fue presentada como una modificación para regular «un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social».

En la votación de enmiendas en la Comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Según la propuesta finalmente aprobada, podrán pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento» las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y «entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social».

Sentencia en menos de 20 días

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, «exclusivamente» podrán fundamentar su oposición a la demanda en «la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título» por parte del demandante.

En caso de no aportarse «justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda». Contra este auto, reza la ley, «no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda».

Asimismo, también se dictará sentencia «de inmediato» en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Comunicación a los servicios sociales

La ley contempla la comunicación «a los servicios públicos competentes en materia de política social» en diferentes fases del proceso «si procediera su actuación», aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de «los interesados».

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan «adoptar las medidas de protección que en su caso procedan».

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza la alternativa habitacional para los desahucios de estas ocupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Establece, eso sí, la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda «medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial», con el fin de «dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible» a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, «garantizarán la creación de registros» donde incorporar «datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión».

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Los alquileres de 2017

Los alquileres de 2017

Fuente: PISOS.COM

7 retos a los que se enfrentará el alquiler en 2017

Los incentivos fiscales para propietarios e inquilinos vuelve a saltar a la palestra.

El pasado mes de diciembre el Gobierno prorrogó, por un año, el Plan Estatal de Vivienda. Esta política se focalizó entre 2013 y 2016, junto a la rehabilitación y la renovación urbanas, en el fomento del alquiler. Prueba de ello fue la puesta a disposición de ayudas por valor 1.118 millones de euros, de las que se beneficiaron casi 240.000 familias. La actual iniciativa vuelve a dirigirse a las personas que presentan situaciones económicamente vulnerables y a las unidades familiares que más lo necesitan. Sin embargo, el mercado del alquiler no está exento de retos y, junto a esta problemática, son diversas las tareas pendientes a las que se debería hacer frente durante el año que acaba de comenzar.

1) Oferta insuficiente

Cada vez son más las personas que en España optan por vivir de alquiler, lo que ha motivado que, en opinión de Mercedes Robles, directora general de Arrenta, este segmento del mercado de la vivienda se encuentre “en un punto de inflexión”. Ello se debe, explica esta experta, a que en los últimos tres años los avances del alquiler frente a la propiedad como régimen residencial “han sido significativos”. Sin embargo, sostiene que este auge ha sido motivado “por el desinterés” de los clientes “por la compra”. Es por ello que, a su juicio, “para que el alquiler en España despunte es necesario incrementar su oferta”. Este cambio, asevera, “solo es posible incentivando a los arrendadores”, a fin de que los inquilinos tengan un mayor abanico a la hora de seleccionar la vivienda que deseen arrendar.

De la misma opinión se muestra David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, quien sostiene que el “principal objetivo” del Gobierno popular debería ser “reactivar la oferta” del alquiler y que esta se ajustase a la demanda existente, lo que provocaría que el mercado “continuara creciendo y siendo autónomo”. Es por ello que demanda la puesta en marcha de “incentivos, mejoras y estímulos” para los propietarios de viviendas susceptibles de ser puestas en alquile. Por el contrario, pide al ministro del ramo, Íñigo de la Serna, que “no olvide que la escasez no se puede solventar con medidas sancionadoras”.

2) Precios descontrolados

La falta de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del alquiler ha llevado en el último año a algunas capitales a experimentar fuertes incrementos en el precio de las rentas residenciales. El caso más relevante es el de Barcelona, donde la mayoría de las estadísticas han apuntado a subidas de dos dígitos en el valor de los alquileres en esta ciudad. También Madrid, Palma de Mallorca y Valencia se han distinguido como urbes en las que el desajuste entre la oferta y la demanda ha afectado a los precios de los inmuebles en alquiler, registrándose en ellas importantes subidas. Ante esta situación, desde Arrenta apelan a la necesidad de recuperar las deducciones al alquiler, así como aquellas medidas que “potencien la seguridad de los arrendamientos”.

De igual modo, Robles propone que se graven las viviendas desocupadas “durante un periodo de más de un año”, pues a su parecer “quien no participa es penalizado por el mercado y entendemos necesario que así sea”. Por su parte, desde Alquiler Seguro hacen hincapié en la necesidad de que se planteen incentivos fiscales para los arrendadores. En concreto, Caraballo pone como ejemplo los beneficios que se obtendrían en este segmento del mercado de vivienda si existieran ventajas específicas para los propietarios que declaran su alquiler y cumplen con la ley. En concreto demandan “nuevos beneficios fiscales vía IRPF”.

3) Mayor protagonismo del alquiler social

Otro de los retos del alquiler en España durante el año 2017 tiene que ver con las viviendas destinadas a arrendamientos sociales. En este sentido, Robles insiste en que el alquiler social debe desempeñar un rol “muy importante”, pues ha de “estar al alcance de todos los ciudadanos”. Es por ello que reclama que los poderes públicos participen de este rol colaborando con las empresas privadas para construir y ofrecer viviendas en alquiler “en condiciones ventajosas para los menos favorecidos”. De ahí que defienda que el actual Plan de Vivienda es “insuficiente” en este sentido, pues desde su punto de vista “los poderes púbicos todavía creen que la compraventa de viviendas afecta más al consumo interno, y por tanto al PIB”, correlación que para ella pone en evidencia que “no se muestre el interés necesario en el mercado del alquiler, incluido el alquiler social”.

Al igual que la directora general de Arrenta, desde Alquiler Seguro cuestionan la política llevada a cabo por el Gobierno central. En concreto, Caraballo asegura que el Plan de Vivienda prorrogado y el previsto para el cuatrienio 2018-2021 “está enfocado a la potenciación de ayudas a la rehabilitación de edificios y a la consolidación de actuaciones de regeneración y renovación urbana”. “Realmente no acabamos de ver un impulso al alquiler, ni medidas efectivas para proteger y consolidar el crecimiento del arrendamiento en España, muy necesario para las familias y los más jóvenes que necesitan un acceso a la vivienda”, lamenta.

4) Seguridad ante los impagos

El miedo al impago es la principal preocupación de los españoles a la hora de poner en alquiler su vivienda, según un reciente estudio de Alquiler Protegido. Ante esta problemática, Robles apela a que “la mejor fórmula para alquilar con seguridad” es llevar a cabo la contratación de un seguro de impago de alquiler “donde el propietario cobraría las rentas mes a mes en caso de que el inquilino no lo haga”. En esta línea, la directora general de Arrenta asegura que la medida conlleva dos importantes beneficios, pues “de un lado protege al propietario y, de otro, facilita el alquiler a los arrendatarios”.

Por su parte, Daniel Sot, socio del bufete AOB Abogados, hace hincapié en que la mayor parte de la morosidad en España viene dada “por dificultades financieras no queridas, muchas de ellas producidas por la crisis y también por precios de renta superiores al mercado”. Es por ello que, para evitar que la problemática se extienda, este letrado recomienda que los propietarios realicen tareas de prevención “antes de formalizar el contrato de arrendamiento”. Entre ellas destaca que se soliciten las nóminas o contratos laborales de los inquilinos, unos documentos que les permitirán “comprobar que la capacidad económica de estos les dejará, en situaciones normales, pagar el alquiler”. Asimismo, aconseja incluso pedir la inclusión de fiadores o avalistas y una mayor fianza, “en función de las circunstancias económicas” de cada caso.

5) Concienciación frente a los desahucios

El futuro Plan de Vivienda 2018-2021 incluirá medidas de apoyo al colectivo que integran las personas desahuciadas de sus viviendas. En concreto, el borrador del plan incluye la financiación de un programa de ayuda a los desahuciados de su vivienda habitual y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ello, está previsto que se constituyan fondos sociales de vivienda en alquiler y que estos reciban ayudas de entre 150 y 400 euros al mes, según el perfil de cada beneficiado.

No obstante, Robles subraya que el principal problema de los desahucios en España es la “concienciación”, pues según han calculado en la organización que dirige “un 30% de los mismos se pueden evitar con la mediación y con la negociación”. Es por ello que, lamenta que “la falta de concienciación” continúe siendo “el talón de Aquiles” de los desahucios. “Nadie quiere ser desahuciado por la fuerza. Y siempre hay soluciones más ventajosas”, argumenta esta experta.

6) Juzgados especializados en arbitraje

En el año 2013 se llevó a cabo la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios. En concreto, esta modificación se basó en la inclusión del “desahucio exprés”, una figura que, según la abogada Raquel Attard, busca “facilitar a los propietarios la recuperación de su vivienda ante un incumplimiento del inquilino”, pero respetando a la vez los derechos de este. En esta línea, Sot explica que en los tres años que lleva vigente la medida “se ha logrado una interpretación más unánime de la normativa”, pero no una reducción de los plazos en los que se hacen efectivos los desahucios. Así, este letrado explica que si bien “la voluntad de la ley es que el desahucio pueda realizarse en un plazo que ronde los tres meses”, la realidad es que los desahucios en España suelen tardar entre cuatro y nueve meses de media en materializarse, dada “la importante carga de trabajo y falta de recursos que tienen los juzgados”.

De ahí que una de las soluciones que los expertos consultados demandan puesta en marcha de juzgados especializados en arbitraje. En este sentido, desde AOB Abogados agregan que una mayor especialización “agiliza y automatiza procesos” a los funcionarios judiciales, motivo que desde su punto de vista “puede dotar de una mayor rapidez procesal a los asuntos” relativos a los desahucios en España. En paralelo, Sot argumenta a favor de esta figura añadiendo que el trabajo de un juez especializado únicamente en este tipo de asuntos “comporta una mayor garantía de conocimiento y de aplicación de la justicia”.

7) Regulación del alquiler vacacional

Durante los últimos ejercicios el alquiler turístico o vacacional ha crecido de manera exponencial en España. Este fenómeno, en opinión de Robles, surge de la situación privilegiada de España como “destino turístico por excelencia”, por lo que defiende que se deba cuidar a este sector “y no matar a la gallina de los huevos de oro”. Sin embargo, desde Arrenta consideran que nuestro país requiere “una regulación necesaria” de los pisos turísticos, que evite “posibles abusos” sobre el alquiler residencial convencional. Es por ello que, incluso, apelan a la puesta en marcha de un gravamen especial para los turistas extranjeros, no así para el turismo español.

Más crítico se muestra Caraballo, quien vaticina que el turismo vacacional en España “seguirá creciendo” en 2017, pues a su juicio supone “un atractivo mayor” que el alquiler residencial. Ello se debe a que el el alquiler por días o por periodos cortos no requiere pagar impuestos y tampoco presenta problemas de impago o morosidad a los propietarios. Sin embargo, desde Alquiler Seguro defienden que el los pisos turísticos y el alquiler vacacional “pueden convivir perfectamente siempre y cuando empiece a cumplir unas reglas”. Estas pasan por restringir la oferta de alojamientos turísticos particulares y regular los alquileres “enfocados al viajero”, al igual que ya se ha hecho en otras urbes, como en Nueva York.

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