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Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

Mayores y discapacitados en tu comunidad. Se acaba el plazo.

fuente: elpais.com

La accesibilidad universal se topa con los vecinos

El 4 de diciembre termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años

El próximo 4 de diciembre es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer «ajustes razonables». Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor.

«En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles», según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Por contra, el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor, cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). «En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones», comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, «el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas», insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

Otros obstáculos

Para empezar que el real decreto que obliga a eliminar los obstáculos antes del 4 de diciembre depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así «evitar la contradicción entre las normas», explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. «La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los vecinos», dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta de vecinos y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. «No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid donde un permiso puede tardar más de un año», expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los vecinos. «Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores», añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, «el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas», aporta Salvador Díez.

Las fincas que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. «Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora», cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, «en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos», calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra civil y las alturas. «Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros», señala Martínez Torres.

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. «Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas», contesta el presidente del CGCAFE.

Edificios accesibles ¿quien paga?

Edificios accesibles ¿quien paga?

FUENTE: 20 MINUTOS

Por unos edificios accesibles a todos: ¿quién paga las reformas?

  • El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad propone que paguen las comunidades de propietarios.
  • Pese a mejorar la Ley de Propiedad Horizontal, hay personas con discapacidad que no puedan entrar y salir en igualdad de condiciones.

Que un edificio sea accesible a todos es algo a lo que nadie se negaría en su sano juicio. Pero ¿quién paga las reformas? En el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lo tienen claro.

Proponen que todas las obras necesarias para hacer accesible un edificio de viviendas las paguen las comunidades de propietarios.   El CERMI ha ejercido su derecho de petición para reclamar por escrito al Ministerio de Fomento que promueva urgentemente la modificación de la Ley de propiedad horizontal y conexas para favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad y personas mayores.

En su opinión, pese a las mejoras que se han realizado en los años 2003, 2011 y 2013 en la Ley de Propiedad Horizontal, no se han conseguido subsanar los déficit de esta normativa que permiten que haya personas mayores o con discapacidad que no puedan entrar y salir en igualdad de condiciones de sus hogares. Ello ocurre porque hay comunidades de propietarios que no sufragan el coste de las reformas que requieren muchos edificios para eliminar las barreras arquitectónicas.

A juicio de la entidad, estos progresos normativos deben ser completados, alcanzando la total asunción de costes, como desde siempre ha sucedido para otras obligaciones que asume la comunidad como las derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad del edificio de viviendas. «No hay razón social ni jurídica para otorgar a la accesibilidad un trato distinto y más desfavorable, rayano en la discriminación, cuando el bien social protegido constitucionalmente, la inclusión de las personas con discapacidad o mayores, es tan evidente», opinan los responsables de CERMI.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad plantea al Ministerio de Fomento una reforma normativa. Aboga por reforzar la obligatoriedad de que las comunidades de propietarios afronten el coste de los ajustes razonables. Se engloban dentro de esta categoría las reformas que no superen la suma de 12 cuotas mensuales de cada propietario, excluyendo las ayudas a las que se tenga derecho.

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Edificios accesibles ¿quien paga?

El edificio accesible tiene un plazo

Fuente: El Pais

Las viviendas en régimen de propiedad horizontal deben hacer obras antes del 4 de diciembre de 2017 para que las personas con discapacidad puedan usar los espacios comunes.

Los edificios de viviendas existentes están obligados a realizar ajustes razonables de accesibilidad antes del 4 de diciembre de 2017 para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos. Así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

A los propietarios les quedan algo más de un año para ir llenando la hucha y pensar en instalar rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble.

Los principales escollos están en los accesos a los portales o dentro de los mismos. “Suelen ser pocos peldaños pero restan autonomía a una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida”, dice Belén Galán, responsable de marketing y comunicación de ThyssenKrupp Encasa, empresa especializada en soluciones salvaescaleras. La otra gran barrera está en las escaleras que suben al piso. “Miles de edificios, sobre todos en los barrios periféricos de las ciudades, que tienen tres o cuatro plantas no tienen ascensor o elevador”, apunta Galán.

Más del 75% de las fincas necesitan mejorar la accesibilidad, asegura Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España (CGCAFE). Algunos expertos ven dificultades, sobre todo económicas, para cumplir con el objetivo de adaptar un parque antiguo de viviendas no preparado para dar respuesta a las personas con discapacidad.

Las obras para quitar obstáculos no son baratas, aunque la ley acota los futuros desembolsos. Las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal no deben suponer una “carga desproporcionada o indebida”. “La carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”, según recoge la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que modifica los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Mientras no superen esas 12 mensualidades anuales, los gastos de las obras deben ser abonados por todos los propietarios. Si se sobrepasa ese presupuesto, entonces los vecinos tienen que convocar una junta y el acuerdo ha de ser adoptado con el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Ahora bien, en el caso de que los vecinos que hayan solicitado las obras abonen el resto del coste por su cuenta, todos los demás estarán también obligados a pagar sus 12 mensualidades.

“Puede solicitar que se adapten las instalaciones la persona propietaria de la vivienda si en ella viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años”, señala Díez. Y prosigue: “Una novedad importante que introduce la nueva normativa es el concepto de accesibilidad universal, de manera que se debe procurar adaptar los edificios para que todos los usuarios puedan acceder no solos a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes (a los garajes, jardines…)”.

Según el presidente del CGCAFE, “es un avance muy importante que contribuye a seguir reduciendo la discriminación con respecto a los vecinos que necesitan tener adaptados los elementos comunes”.

Al margen de los ascensores -la obra más costosa-, el mercado ofrece soluciones que pueden encajar dentro de lo que exige la normativa. “Las plataformas salvaescaleras son un elemento que minimiza o elimina las obras y estaríamos hablando de inversiones a partir de 7.000 euros”, señala la portavoz de ThyssenKrupp Encasa. En una finca donde la cuota de la comunidad sea 50 euros mensuales, cada vecino tendría una derrama no superior a 600 euros. Si son 12 vecinos, acumularían 7.200 euros.

Las sillas salvaescaleras tienen un asiento que circula a través de un raíl instalado en la escalera, de modo que el usuario puede acceder a las distintas plantas de una vivienda sin necesidad de hacerlo andando. Hay distintas familias de sillas según el tipo de escalera ( curva, recta, sin descansillos…). El coste parte de 3.500 y 4.000 euros. Al tratarse de una solución a medida, el precio depende de las necesidades de configuración y recorrido.

Las plataformas salvaescaleras, para usuarios que utilicen sillas de ruedas, son elevadores dotados de una peana que circulan por un raíl instalado en la escalera y que permiten la comunicación entre las distintas plantas del edificio. El presupuesto parte de unos 7.000 euros.

Los elevadores verticales, que no ascensores, no necesitan cuadro de máquinas, ni foso, por lo que se pueden instalar en espacios reducidos. Esta solución es muy socorrida en la rehabilitación de viviendas y está diseñada para la elevación vertical de los usuarios (independientemente de que utilicen silla de ruedas o no). El coste medio es de unos 10.000 euros.

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