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Evita las sanciones si tienes un piso turístico

Evita las sanciones si tienes un piso turístico

Fuente: idealista.com

Cómo declarar tus ingresos si tienes un piso turístico para evitar sanciones

Gracias a las plataformas de alquiler vacacional, cada vez más ciudadanos recorren el mundo sin demasiados costes, y todo ello gracias a que van alquilando casas o habitaciones a través de los distintos países, de forma mucho más económica que si se hospedasen en un hotel, por lo que cada vez más personas se animan a utilizar estas plataformas para viajar, lo que hace que la oferta y la demanda se haya disparado en los últimos meses.

Pero también debemos de indicar que en los últimos meses han aumentado las notificaciones emitidas por parte de la Agencia Tributaria en las que se solicita información a los dueños de los inmuebles publicitados en estas páginas, obligando a rendir cuentas al fisco.

Y si bien es cierto que muchos de los titulares de los inmuebles lo tienen declarado, también hay que destacar que hay un gran número de contribuyentes que desconocen, o bien que no declaran dichos ingresos.

Alquilar a través de estas páginas web no deja de ser un ingreso, esto es, un rendimiento que percibimos, el cual ha de ser incluido en nuestra autoliquidación de IRPF, por ello si no lo hacemos estamos incumpliendo la normativa fiscal y nos enfrentamos a sanciones que más adelante comentaremos.

Si bien es cierto que cada vez hay más usuarios, también es cierto que cada vez más la Agencia Tributaria revisa que se declaren las rentas obtenidas por dichos alquileres, y se utilizan mecanismos de control que a veces resultan completamente inverosímiles.

Entre ellos, se está recurriendo a acceder a estas aplicaciones para ver si todos los clientes que publicitan los inmuebles, realmente declaran esos alquileres, y lo cierto es que un gran número de contribuyentes no los ha declarado, por lo que se enfrentan a un procedimiento de comprobación por parte de la Agencia Tributaria que muy probablemente finalizará con una regularización que implicará que se tengan que abonar cantidades por tal concepto, así como posibles sanciones.

Los contribuyentes con un inmueble alquilado tienen que declararlo en su renta como un rendimiento de capital inmobiliario, permitiendo que se desgraven los gastos que hayan tenido con ocasión de ese alquiler y el incumplimiento de esta obligación hace que se expongan a que la Agencia Tributaria les envíe una propuesta de liquidación en la que se le incluirán las rentas que no ha declarado, saliendo, por tanto, un resultado distinto, que normalmente suele ser menos a devolver o bien, más a pagar, más intereses de demora.

Pero no sólo nos enfrentamos a la liquidación en sí, sino que además, la Administración Tributaria tiene potestad sancionadora, de tal manera que además de hacernos pagar los importes que en su día no declaramos, puede imponernos una sanción, por entender que la actuación llevada a cabo no ha estado dentro de los límites legales y está orientada a defraudar a la Administración, por lo que impone una sanción que puede ir entre el 50% y el 150% de lo dejado de declarar, en función de si se califica como leve, grave o muy grave.

En la actualidad, la mayor parte de las sanciones que se imponen suelen ser del 50% de lo dejado de declarar, aunque dependerá de la valoración que la Administración haga, y si no efectuamos recurso alguno frente a la liquidación y a esa sanción y pagamos la sanción en los plazos establecidos, se nos hará una rebaja de un 25%.

Por tanto, si publicitamos una vivienda y la alquilamos pero después no declaramos los ingresos, esto nos puede salir caro.

Si el alquiler de la vivienda se limita a la mera puesta a disposición de la misma de forma temporal, sin complementarse con la prestación de servicios propios de la industria hotelera, tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos, y siempre que no concurran las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 27 de la LIRPF, las rentas derivadas del arrendamiento tendrán la calificación de rendimientos del capital inmobiliario.

Se han de incluir los ingresos percibidos y a su vez la Ley nos permite incluir los gastos necesarios para la obtención del rendimiento, tales como el IBI, la comunidad, Tasas de basuras, seguros, etc…siempre por la parte proporcional al tiempo que hayan estado alquilados.

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Notificaciones electrónicas: ¿Una complicación añadida?

Notificaciones electrónicas: ¿Una complicación añadida?

Fuente: El Mundo.es- Juanjo Bueno.

Las comunidades de vecinos, ante una nueva encrucijada

  • Desde octubre de 2016 están obligadas a relacionarse de forma únicamente electrónica con las diferentes Administraciones.
  • El administrador no está autorizado a recibir notificaciones electrónicas ya que la Administración sólo reconoce como representante legal al presidente

Desde octubre de 2016, según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las comunidades de vecinos están obligadas a relacionarse de forma únicamente electrónica con las diferentes administraciones. Algo que representa una nueva encrucijada, sobre todo, para las más pequeñas.

Las notificaciones electrónicas que puede recibir una comunidad (unas tres anuales) no sólo provienen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino también de la Comunidad o el Ayuntamiento correspondiente para, por ejemplo, comunicar la resolución de una inspección. Un proceso complejo no exento de polémica.

El problema está en la recepción electrónica, puesto que el administrador de la finca no está autorizado para recibir la notificación aunque, paradójicamente, sí para emitirla. El presidente, como representante legal, es el único sujeto reconocido por la Administración. Esto plantea serios problemas para comunidades pequeñas sin administrador de personas de avanzada edad.

«Lamentablemente, no se ha tenido en cuenta la especial idiosincrasia de las comunidades de propietarios que, a pesar de ser un ente jurídico por sí mismas, dependen de su presidente para los trámites frente a las Administraciones», explica el administrador de fincas colegiado Ángel Sotelo.

«Tal y como está configurado actualmente el sistema de representación», continúa Sotelo, «sería necesario que el presidente de cada comunidad se personase en las oficinas de la Administración Tributaria con documentación acreditativa para configurar un correo electrónico que sirviera de buzón para comunicaciones de todas las administraciones».

Para Manuela J. Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), «la aplicación de la Ley obliga a una comunicación bidireccional, instando a la comunidad a revisar el buzón telemático de forma continuada, ya que si en 10 días no da contestación a un requerimiento, quedas vinculado a una tramitación y consecuencias que conllevan responsabilidad por la gestión».

Autorizar al administrador

«Lo normal sería que en los casos en los que hay un administrador de fincas colegiado se autorice a éste, previa presentación del certificado con la pertinente autorización de la comunidad, para hacer la recepción de esa documentación, algo que en la práctica está pasando ya con el papel», solicita Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

Desde la Agencia Tributaria se ha comunicado al CGCAFE que una de las opciones para que el administrador pueda gestionar las notificaciones electrónicas emitidas es ser apoderado por parte del presidente de la comunidad de propietarios.

Si lo que pretende el legislador, dicen los administradores, es eliminar trámites y que la Administración sea más eficiente en el caso de las comunidades, el sistema previsto va en el sentido contrario. ¿Por qué? Cada año casi un millón de presidentes tendrían que ir a una oficina de Hacienda a renovar el apoderamiento con la consiguiente carga económica (se estima el coste total de esta tramitación en 50 millones, a razón de 50 euros aproximado por cada poder).

Según Martínez, «la Administración debe entender que la aplicación de esta Ley en las comunidades no se puede llevar a cabo de la forma expuesta, ya que los profesionales apostamos por una agilidad en la tramitación». «De lo contrario», pronostica, «se colapsará la Administración y se sancionará a las comunidades y, por consiguiente, a los ciudadanos por incumplimiento de unas obligaciones difíciles de cumplir».

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