Tel: 915 69 44 99 - 671 33 91 95 / Urgencias: 913 613 848 info@admicorcho.es
Medidas de Protección en Situaciones de Vulnerabilidad en Materia de Vivienda

Medidas de Protección en Situaciones de Vulnerabilidad en Materia de Vivienda

En el BOE de 5 de mayo de 2021 se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. al que puedes acceder pinchando aquí.

Fecha entrada en vigor: 9 de mayo de 2021.

Destacan por su importancia, las siguientes disposiciones:

Suspensión hasta el 9 de agosto de 2021 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 9 de agosto de 2021, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la fecha en que hayan transcurrido tres meses desde la finalización del estado de alarma. Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal dejarán de surtir efecto en todo caso el 9 de agosto de 2021.

Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.

El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, teniendo en cuenta, entre otras que procedan, las siguientes circunstancias:

a)   Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el estado de necesidad se valorará adecuadamente el informe de los servicios sociales emitido conforme al apartado siguiente.

b)   Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.

Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. En todo caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica descritas en la letra a) del artículo 5 del presente real decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia, dará traslado de dicha acreditación al demandante o denunciante.

Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste hasta el 9 de agosto de 2021.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 9 de agosto, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 3 1.500 m2 , hasta el 9 de agosto de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

CONCLUSIONES

  • Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda.
  • Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.
  • También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.
  • Asimismo, se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
  • Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.
ARRENDADOR NO RESIDENTE E IVA

ARRENDADOR NO RESIDENTE E IVA

En España, muchos locales alquilados son propiedad de personas que residen fuera de nuestro país. ¿Cómo tributan estos alquileres en el IVA? ¿Qué retención debe practicar el arrendatario sobre las rentas satisfechas?
Tributación por IVA

Alquiler de local. Si un residente en España es propietario de un local en nuestro país y empieza a arrendarlo, estará obligado a repercutir IVA por ello. No obstante, ¿qué ocurre si se trata de un residente en el extranjero? ¿Deberá también repercutir dicho impuesto? Pues bien, dado que los alquileres de locales son un tipo de servicios que se entienden localizados donde se encuentra el inmueble arrendado, también será aplicable el IVA español al 21 %. En cuanto a la persona obligada a repercutir dicho impuesto, dependerá de si el arrendador extranjero dispone o no de establecimiento en España.

Con establecimiento. Si dispone de establecimiento permanente, el arrendador deberá darse de alta en el censo de empresarios y repercutir IVA, ingresándolo cada trimestre en Hacienda. Para ello, deberá utilizar el modelo 303 de IVA (como cualquier empresario español), pudiéndose deducir también, en la misma declaración, el IVA que a su vez soporte por la actividad de alquiler (gastos de reparaciones y mantenimiento, abogados, asesores, etc.).

Sin establecimiento. En caso de que no disponga de establecimiento permanente, el arrendador no estará obligado a darse de alta en el censo de empresarios ni a repercutir el IVA. En este caso, dado que se trata de un servicio prestado por un empresario extranjero, se producirá lo que se denomina «inversión del sujeto pasivo», de forma que será el empresario arrendatario del local el que deberá auto repercutirse el IVA que sea aplicable.

Concepto. Para que exista un establecimiento permanente, es preciso que él no residente disponga en España de una estructura adecuada de medios humanos y técnicos (propios o subcontratados y con un grado suficiente de permanencia) para gestionar el alquiler. El local arrendado no es por sí mismo un establecimiento permanente. Por tanto, si el no residente se limita a ceder el inmueble y a cobrar un alquiler, sin disponer de la estructura indicada, no deberá repercutir IVA, y será el destinatario quien deberá encargarse de dicho impuesto mediante el mecanismo de la auto repercusión.

Retenciones sobre el alquiler

Retenciones. Por otro lado, el arrendatario deberá practicar una retención sobre el importe de los alquileres. La retención a practicar, así como la forma de declararla, también variará según si el no residente dispone de un establecimiento permanente en España o no…

Impuesto sobre Sociedades. En caso de que el no residente tenga un establecimiento permanente en España, deberá declarar los rendimientos que obtenga por el alquiler en el Impuesto sobre Sociedades. En consecuencia, el arrendatario deberá practicarle una retención del 19% (como haría a cualquier arrendador residente en España), e ingresar dichas retenciones en Hacienda mediante el modelo 115.

IRNR. En caso de que el arrendador no disponga de establecimiento permanente, deberá tributar por las rentas del alquiler del local en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), mediante la retención que le practicará el arrendatario (y que éste ingresará después en Hacienda con el modelo 216). En concreto:

  • Si el no residente reside en la UE, Noruega o Islandia, la retención será del 19%.
  • Si reside en otro país, será del 24%.
Si el arrendador no actúa mediante establecimiento permanente, no deberá repercutir IVA por el alquiler y será el arrendatario el obligado a auto repercutirse el impuesto. Si tiene establecimiento permanente, deberá repercutir IVA al 21% por el alquiler.
Atención propietarios: las juntas de vecinos por Zoom pueden ser anuladas judicialmente

Atención propietarios: las juntas de vecinos por Zoom pueden ser anuladas judicialmente

La prohibición de celebrar reuniones de más de seis personas, impuesta por las autoridades sanitarias para contener la tercera ola del coronavirus, está afectando particularmente a las comunidades de vecinos que llevan un año prácticamente paralizadas a consecuencia de las sucesivas limitaciones de aforo. Algunos propietarios han decidido salvar los obstáculos celebrando juntas por Zoom, Whatsapp y otras aplicaciones similares. Ahora esas asambleas online podrían acabar siendo anuladas judicialmente y, con ellas, medidas tan importantes como la instalación de un ascensor o la reclamación de recibos impagados.
Las comunidades de vecinos están obligadas a celebrar una junta general, al menos una vez al año, para aprobar cuentas, renovar cargos y tratar asuntos que requieren del consentimiento de los dueños: derramas por obras, acciones judiciales contra morosos, etc. Sin embargo, la actual Ley de Propiedad Horizontal no contempla que estos asuntos puedan tratarse de forma telemática. En concreto, la norma prevé que los propietarios asistan presencialmente a las reuniones y en todo caso que deleguen su voto en una tercera persona. Nada más.
Estos estrictos requisitos legales, unidos a las restricciones relacionadas con el estado de alarma podrían servir de base jurídica para solicitar la anulación de cualquier encuentro informal que se haya celebrado en los últimos once meses, según los expertos. «Los acuerdos son impugnables tanto si se la junta se llevó a cabo en persona como a través de internet, porque en ningún caso hay cobertura legal», advierte Alejando Fuentes-Lojo, especialista en derecho inmobiliario.
En concreto, si los propietarios decidieron verse físicamente cualquiera de ellos podría alegar que no se cumplían las necesarias medidas de seguridad y que, por tanto, las condiciones no fueron óptimas en el momento de la convocatoria. Pero es que, además, si la reunión se hizo por videollamada para evitar los contagios, tienen derecho a oponerse a cualquier votación realizada por esa vía porque es una fórmula que no está prevista expresamente por la normativa vigente. Un auténtico caldo de cultivo para los litigios entre vecinos en el que se entremezclan elementos como la brecha digital, la seguridad jurídica y las rencillas de toda la vida.
Cataluña ha sido la primera Comunidad Autónoma en reconocer, por ley, la validez de las juntas online. El Consejo General de Administradores de Fincas ya ha solicitado al Gobierno que impulse una reforma similar en el resto del Estado, pero la iniciativa todavía no ha cuajado. «La inacción legislativa es clamorosa y está provocando graves conflictos en el día a día», asegura Fuentes-Lojo
Impago de cuotas
Uno de los principales problemas que está provocando la falta de una regulación adaptada al actual escenario de pandemia es el incremento de impagos. Para poder reclamar una cuota a los vecinos morosos, se les debe incluir en una lista de deudores; después apercibirles para que cumplan con sus obligaciones y, si finalmente no lo hacen en un plazo razonable, se ha de autorizar por votación al presidente o (en su defecto) al administrador para que emprendan acciones legales. Pero todas estas decisiones deben adoptarse en asamblea y por mayoría, algo imposible hoy por hoy.
La inseguridad jurídica que rodea a las juntas de vecinos ha llevado a muchas comunidades a posponer sine die las reclamaciones ante el temor de que puedan quedar en papel mojado. «Nos preocupa que las demandas sean finalmente desestimadas por los jueces y que además seamos condenados en costas» afirma el letrado Miguel Jiménez que representa los intereses de varias de ellas.
Para Jiménez es evidente que esta situación de impasse está contribuyendo a la asfixia de un sector que mueve cientos de millones de euros al año y del que dependen directamente miles de empleos directos. Asegura que «por suerte» la gran mayoría de propietarios está cumpliendo con sus obligaciones, pero reconoce que se empieza a notar un progresivo aumento de la morosidad. «Hay familias en ERTE o con todos sus miembros en paro que no tienen entre sus prioridades el pago de cuotas, lo cual es lógico, pero también hay quien no las abona porque no quiere».
Sea como sea, en algunos edificios empieza a escasear el dinero para hacer frente a los gastos comunes. Así lo pone de manifiesto Rosa Gómez, presidenta de una comunidad de ocho plantas en el barrio madrileño de Vallecas. Según cuenta, el año pasado había solo una morosa en el bloque, pero en los últimos once meses se le han unido tres más. De seguir así pronto entrarán en números rojos. «Lo curioso es que algunos tienen los pisos alquilados y están cobrando rentas de más de 700 euros», dice indignada.
Rosa recuerda que todos los vecinos acordaron reformar la fachada hace dos años, pero aún no han dado luz verde a la correspondiente derrama, por lo que la reforma tendrá que esperar. Es otra de las consecuencias de la parálisis de las juntas vecinales: el deterioro de los edificios. Fuentes-Lojo precisa que es algo muy común y a la vez peligroso, ya que la comunidad es la encargada de mantener en buen estado el inmueble. «Eso significa que es la responsable directa si se produce algún daño personal o material por caída de cascotes, goteras, etc».
La ley sí que permite la ejecución de reparaciones muy urgentes con el permiso del presidente o, en su defecto, del administrador. Aun así, Jiménez explica que en esta categoría no se incluyen obras tan necesarias como la instalación de un elevador para personas minusválidas en las escaleras del portal. «Hay propietarios con problemas de movilidad que llevan un año esperando a que se instale uno de estos dispositivos y apenas salen de casa», señala.
Recuperar la normalidad
A pesar de las de los múltiples factores en contra, hay comunidades que están funcionando con cierta normalidad y dentro del marco legal. Es la idea que defiende el administrador de fincas José María Águila-Bonfill, que dice no haber parado de celebrar juntas vecinales desde la desescalada «sin mayores problemas». El método, según describe es sencillo: dar a elegir a los propietarios entre hacer reuniones presenciales (de no más de seis personas); hacer encuentros telemáticos (siempre y cuando todo el mundo tenga conexión) o completar un tipo test (folio en mano).
Este sistema, destaca Águila-Bonfill, ha permitido a las comunidades que él gestiona «no caer en la inacción y solventar muchos conflictos», aunque puntualiza que si el acuerdo no es posible siempre queda la opción de dilatar las cuestiones más espinosas, que normalmente deben ser tratadas en junta general, para un momento más propicio. «De hecho, un reciente decreto permite posponerlas hasta diciembre de 2021», destaca.
Por su parte, Jiménez aplaude que algunos profesionales hayan encontrado «maneras de salir del paso» pero insiste en que no todos los problemas pueden solventarse por consenso y mucho menos «en un momento de crispación social como el actual». En ese sentido, espera que más pronto que tarde se modifique la legislación para que las juntas telemáticas dejen de ser encuentros informales y pasen a convertirse en verdaderas asambleas, con todas las de la ley.

Lo que vendes por segunda mano lo tienes que declarar en la Renta: así se hace

Lo que vendes por segunda mano lo tienes que declarar en la Renta: así se hace

  • Ganancia patrimonial: ingreso superior al precio por el que se compró el producto
  • Estos beneficios deben declararse por cualquier importe y medio de pago
  • Los compradores tampoco están exentos de impuestos y deben tributar al 4%

En la semana en la que arranca la campaña para la Declaración de la Renta 2020-2021, conviene recordar uno de los aspectos que más pasa desapercibido por los contribuyentes pero en los que más atención va a poner la Agencia Tributaria en los próximos meses. Con vistas a un incremento de las inspecciones, Hacienda siempre ha deja claro que las ganancias obtenidas por la venta de artículos de segunda mano deben incluirse en la declaración..

Wallapop, Aliexpress, eBay o Alibaba se han convertido en los últimos años en un lugar habitual para el intercambio de bienes online. Páginas que cada vez conectan más transacciones de un producto por dinero y por las que Hacienda no quiere dejar perder ni un solo euro del que le corresponde.

Así, en lo que respecta a la Renta que se puede empezar a presentar desde este miércoles 7 de abril, habrá que incluir en ella todos los ingresos que se hayan obtenido mediante estas aplicaciones. Como si se tratase de comercio offline, el tradicional, el fisco marca que hay una ganancia que debe tributar en el momento que se vende un artículo por un precio superior al que se compró.

De estas ganancias solo se está exento cuando la transacción la realizan empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad profesional

Entendiéndose como ganancia patrimonial, el beneficio deberá ir en su correspondiente casilla de la declaración e independientemente de su importe y su medio de pago (lógicamente, la Agencia Tributaria pone más atención sobre los altos rendimientos y cuando se dan en rutinas). Además, de la venta de productos de segunda mano solo están exentas de impuestos las transacciones «realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional».

¿Cuánto hay que pagar por los ingresos?

Sabiendo ya que solo se tributan los beneficios que superen al valor de los gastos que se pagaron por tal producto, en la práctica de las ventas de segunda mano algo poco habitual, solo los ‘maestros’ de este comercio deberán pasar por Hacienda.

Así, al margen de la comunidad autónoma, todos los productos tributarán a un tipo impositivo del 19% hasta los 6.000 primeros euros. Si se rebasase tal cantidad, los siguientes 44.000 euros tributarán al 21% y, por encima de 50.000 euros, al 23%.

Los compradores deben tributar al 4%

Por su parte y en lo que refiere a los compradores, estos tampoco se salvan de tener que declarar sus compras. Al igual que ocurre con las ventas y cómo se entiende como si de una transacción normal se tratase, Hacienda puso en un 4% la tributación del valor pagado.

Al no estar sujeta al IVA, toda operación en la venta de segunda mano debe considerarse como transmisión gravada en el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP). En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, de esta forma se liquida el gravamen a través del modelo 600 de la Agencia Tributaria y en el plazo de un mes desde la compra.

¿Debería instalarse un desfibrilador en mi comunidad de propietarios?

¿Debería instalarse un desfibrilador en mi comunidad de propietarios?

Desde hace algún tiempo es habitual que surja la cuestión de si las comunidades de propietarios deberían contar con desfibriladores como recurso vital ante paradas cardiorrespiratorias. Pese a que la instalación de este dispositivo en edificios residenciales es habitual en otros países, en España y en Madrid todavía es una práctica residual. De hecho, según el Registro de Desfibriladores Externos Fuera del Ámbito Sanitario de la Comunidad de Madrid, no llega al medio centenar la cifra de comunidades de propietarios que cuentan con este dispositivo. Apenas 500 de más 200.000 comunidades de propietarios que hay en la región.

¿Es obligatorio tener un desfibrilador en una comunidad de propietarios?

No. En algunas regiones de España es obligatorio en comunidades muy grandes, pero en el caso de Madrid no es imperativo en ningún caso en las fincas residenciales. En la Comunidad de Madrid desde 2017 están obligados a disponer de desfibrilador los grandes establecimientos comerciales con una superficie superior a 2.500 m2 , los aeropuertos, las instalaciones de transporte, los establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas, los establecimientos dependientes de las Administraciones Públicas, las instalaciones, centros o complejos deportivos con más de 500 usuarios diarios, los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas, los centros educativos, los centros de trabajo con más de 250 trabajadores y los centros residenciales de mayores con 200 plazas. Recientemente se amplió también a centros médicos que realicen ‘técnicas intervencionistas en actividades diagnósticas o de tratamiento y/o administración de fármacos’, como pueden ser las clínicas dentales.

El decreto que regula la instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario también estableció la creación de un registro, en el que a finales de marzo de este año había 7.598 desfibriladores dados de alta. El objetivo de este registro es disponer de un mapa de geolocalización de desfibriladores en la región. Es de acceso público y se puede consultar en la web de la Comunidad de Madrid.

Puede interesarte este vídeo de RCP: https://www.youtube.com/watch?v=urkGw3sg2WU

¿Debería instalarse un desfibrilador en mi comunidad de propietarios?

La Federación Española del Corazón aboga por la extensión de la instalación de desfibriladores. Y en los datos de basa: en España cada 20 minutos se produce una parada cardiorrespiratoria (30.000 al año) y el 75% tiene lugar en el hogar. Explica la entidad que, si se aplica un desfibrilador en los 3 minutos después del paro cardiaco, la supervivencia aumenta un 73% y si se utiliza en menos de 5 minutos, las posibilidades se incrementan hasta el 50%.

Pero hay que tener en cuenta que, en función de las dimensiones físicas de la finca, quizás no sea suficiente con un único desfibrilador. La Fundación Española del Corazón subraya que “idealmente, en un espacio correctamente cardioprotegido, debería existir un desfibrilador a menos de 5 minutos (ida y vuelta) de cualquier lugar donde pueda producirse un paro cardiaco súbito”

¿Qué es necesario para instalar un desfibrilador en mi comunidad de propietarios?

Solicitarlo a través de la web de la Comunidad de Madrid. La normativa vigente establece una serie de condiciones en cuanto a su ubicación, señalización, mantenimiento…

Si se produce una parada cardíaca en la comunidad, ¿Quién puede usar el desfibrilador?

En la Comunidad de Madrid los desfibriladores instalados fuera del ámbito sanitario están conectados de forma permanente al 112, por lo que en cuanto se utilizan se activa el protocolo de actuación de los servicios de emergencias. La normativa vigente establece que es imperativo, antes de aplicar el desfibrilador al paciente, avisar al 112. Y a partir de ahí la situación varía en función de las circunstancias. De forma prioritaria será el personal médico y de emergencias el que use el dispositivo, pero de no estar presentes, podrá aplicarlo cualquier persona con la formación necesaria. Si no hay nadie que reúna estas condiciones, el 112 puede autorizar, telefónicamente, a cualquier persona presente a utilizar el desfibrilador.

Los aparatos que se instalan fuera del ámbito sanitario son denominados Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) y su uso es muy sencillo, ya que es el propio dispositivo el que detecta si es necesario o no aplicar una descarga y está diseñado para aportar las instrucciones necesarias de forma comprensible a cualquier usuario.

Que obligaciones fiscales tiene si alquila una plaza de parking

Que obligaciones fiscales tiene si alquila una plaza de parking

Alta en Hacienda

Si va a alquilar una plaza de aparcamiento, previamente deberá darse de alta en Hacienda para poder ejercer esta actividad. A estos efectos:

• El arrendamiento de una plaza de parking se considera una prestación de servicios. Por tanto, el propietario que la vaya a alquilar se convertirá en sujeto pasivo de IVA, y deberá cumplir con las obligaciones fiscales previstas por este motivo.

• Para cumplir con esta obligación, deberá presentar en Hacienda el modelo 037. Dicha gestión se puede realizar telemáticamente desde la página web http://www.agenciatributaria.gob.es (si dispone de certificado digital) o acudiendo presencialmente a las oficinas de Hacienda.

Excepción. Ahora bien, si alquila la plaza de parking junto a una vivienda a un mismo inquilino, las obligaciones indicadas no existirán (ni las obligaciones a efectos de IVA que veremos a continuación).. En este caso, todo el conjunto tendrá la consideración de alquiler de vivienda. Por tanto, serán de aplicación las normas previstas para el arrendamiento de viviendas y su cliente no deberá darse de alta en Hacienda.

Obligaciones de IVA

Repercusión . A partir de ahí, cuando empiece a arrendar la plaza de garaje, deberá emitir una factura por el arrendamiento aplicando un 21% de IVA. Así, por ejemplo, si el alquiler mensual asciende a 100 euros, la factura total será de 121 euros (100 + 21%).Posteriormente, deberá presentar las correspondientes declaraciones ante Hacienda. En concreto:

• Deberá presentar cada trimestre el modelo 303, para ingresar el IVA total repercutido durante el trimestre en cuestión.

• Al final del ejercicio deberá presentar el resumen anual de IVA (modelo 390).

Deducción. Del mismo modo que deberá repercutir IVA en las facturas, su cliente podrá deducirse el impuesto que haya podido soportar al adquirir la plaza de aparcamiento. Ello, si en el momento de la compra su intención ya era destinar el aparcamiento al alquiler.

Obligaciones de IRPF

Rendimiento. Respecto a los ingresos que se obtenga por el alquiler del parking, éstos tendrán la consideración de rendimientos del capital inmobiliario . En este sentido, a la hora de consignarlos en su declaración de renta, podrá deducirse todos los gastos que haya soportado y que hayan sido necesarios para obtener dichos rendimientos (como, por ejemplo, los intereses de la hipoteca o los gastos de comunidad).

Retención. Asimismo, si el arrendatario no es un particular, en general éste deberá practicar una retención del 19% . Si el alquiler no está sujeto a retención, su cliente deberá presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347) siempre que los importes satisfechos por el inquilino superen los 3.005,06 euros.

El alquiler de una plaza de garaje está sujeto a un 21% de IVA, siempre que no se alquile conjuntamente con una vivienda. Por tanto, el arrendador deberá darse de alta en Hacienda para poder presentar las declaraciones de IVA.